Entre los hechos noticiosos que aparecen y desaparecen de las primeras planas de la prensa, el conflicto de los trabajadores subcontratados de la minera Doña Inés de Collahuasi ha sufrido el desplazamiento o porqué no afirmarlo, la ocultación. Para el gobierno de turno es la primera huelga de subcontratados. Los/las trabajadores/as de la mina bloquearon el ingreso a la misma hace unos 10 días, protestando por los bajos ingresos y las condiciones en de seguridad en las que desempeñan su turnos.
¿Qué destacamos de este conflicto?
1ro La base estructural y sistémica del conflicto mismo, que en estos momentos se describe por el debilitamiento de los vínculos entre explotador y explotado, lo que significa que el explotado se ve obligado a reclamar algunas de las antiguas garantías - costes para el amo empleador – que proporcionaban protección y resguardo ante las necesidades vitales, de orden cotidiano o previsional.
2do También destacamos las complicaciones y riesgos de levantar la voz y protestar con justas causas. Primero, porque ante el marco legal no cuentan con el derecho de protestar (sería anticonstitucional). Incluso habría una querella que implicaría secuestro y daño.
3ro porque la capacidad de legitimar o deslegitimar por parte de todos los medios de comunicación más influyentes (TVN, Chilevisión, Canal 13, Megavisión, cadenas Edwards y grupo COPESA) se alinean con los intereses de los dueños del mercado lo que sumado a las influencias de las voces del poder logran desperfilar el sentido de la protesta. Así, la causa justa y la movilización misma dejan de serlo según la ley, tal como se mencionó en el párrafo anterior, por lo que no puede resultar que la causa y la movilización se estimen legítima.
4to Inmediatamente a esta negación se legitima la represión que alcanza dimensiones notables de la cuales nada se comenta en los medios; 300 efectivos policiales movilizados en aviones Hércules, carros lanza aguas, etc. Esta represión es celebrada por los dueños de la minera que insisten en el “sentar antecedentes positivos”, refiriéndose al apego de las autoridades al marco legal.
5to Las contradicciones en los argumentos que indicarían que los trabajadores atentan contra el interés público y nacional, en condiciones que transnacionales extranjeras logran utilidades gigantescas gracias a las precarias exigencias legales existentes por parte del gobierno “criollo”.
6to El nivel de precarización de la situación de la gran mayoría de los trabajadores del país y de América latina que se enfrentan a los desfavorables marcos de empleabilidad, lo que además atenta contra las probabilidades de organización entre los trabajadores que se ven obligados a buscar asegurar el empleo, ya sea en el mismo lugar o en otro.
7mo El resultado de encuestas en las que se observa que cerca de un 70% de los participantes consideran que el trato de los trabajadores es injusto. Aún cuando esto pueda ser poco todavía en virtud de la extendida realidad de explotados precarios que superviven en nuestra región y en el mundo.
Nuestra posición es de apoyo a los trabajadores subcontratados así como a toda acción que denuncie las injusticias del sistema y evidencie la necesidad de organizarse para resistir los abusos del poder.
Invitamos a todas las personas interesadas en abordar y hacer frente a estos problemas a organizarse en torno a sus intereses y construir instancias autónomas que les permita encontrar “garantías sociales que les permitan levantar su voz ante el abuso; Organizarse en sociedades de resistencia y lucha contra un modelo evidentemente dañino y perverso”.
Para el detalle de los “hechos informados” en distintos medios, dejamos la lista de la mayor parte de las fuentes usadas para elaborar nuestro análisis y posición frente al tema.
